Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 76 Penal Municipal, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de cinco funcionarios del Consejo de la Judicatura, por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, asesoramiento ilegal y concusión.

La Rama Judicial expidió el Acuerdo 2586 de 2004, por medio del cual delegó a las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial la facultad de organizar cada año una convocatoria pública para que los propietarios de parqueaderos se postularan para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial. Sin embargo, en desarrollo de la investigación, se estableció que para la vigencia 2014-2018, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, al parecer emitió resoluciones que contrariaban la normafavoreciendo a sociedades que no acreditaban los requisitos exigidos.

Los hechos que se investigan corresponden a la presunta existencia de acuerdos entre funcionarios y particulares, con el fin de proferir resoluciones a pesar del incumplimiento de los requisitos, las cuales designaban registros de parqueaderos que servían como bodegas judiciales, exigiendo a cambio sumas de dinero.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá, que asumió el caso, con apoyo del CTI, logró este 20 de marzo, la captura de:

  1. Carlos Enrique Másmela González, director ejecutivo seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca.
  2. Fredi Antonio Tequia Correa, quien para la época de los hechos se desempeñaba labores en la Coordinación Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional.
  3. Pedro Julio Gómez Rodríguez, director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
  4. Salomón Motta Polanía, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Los dos últimos, supuestamente intervinieron en la proyección y revisión de actos administrativos que en segunda instancia ratificaban las resoluciones proferidas de manera irregular por la Dirección Seccional.

Por otra parte, la Fiscalía también citó a Margarita Rosa Vega Santofimio, para que asistiera a la audiencia de formulación de imputación.

En audiencias concentradas, previa legalización de las capturas e imputación, ninguno de los procesados aceptó cargos.

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Fuente: Fiscalía General de la Nación