Inicialmente la audiencia en la que la defensa de Uribe estaba solicitando su libertad ante la Fiscalía se iba a realizar el pasado 16 de septiembre, sin embargo, se aplazó para el día de hoy a las 9:20 de la mañana, para que de esta manera la jueza asignada pudiera estudiar ambas posiciones del caso.

Quien llevó la audiencia virtual fue la Jueza 30 de garantías de Bogotá, quien estuvo evaluando si se debía continuar por la ley 600 bajo la cual venía operando la Corte Suprema o si por el contrario pasaba a la ley 906.

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La jueza dijo que ella no es “la autoridad para decidir de fondo” si la investigación que se lleva en contra del expresidente Uribe debe seguir en la ley 600, como lo estaba solicitando el senador Iván Cepeda, agregando que por el fuero por la renuncia al Senado del expresidente, «lo que procede es aplicar la regla general en el sentido en que los casos se deben tramitar por la ley vigente en el momento de los hechos”, concluyendo así que la Sala Plena de la Corte debe definir la competencia.

En otras palabras, lo que la jueza determinó; los hechos por los que es investigado Uribe, los cuales sucedieron en el 2018, se deben llevar por la ley 906, es decir, el sistema penal acusatorio.

En ese orden de ideas la petición de Uribe (la cual sí es competencia de decisión de la jueza) consiste en que diga en detención domiciliaria como se había establecido anteriormente, y ahora se está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie ante la decisión de la jueza y el proceso de manipulación de testigos del expresidente.

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Fuente: Redacción Mundo 7/24,  Anyel Ruiz.